Ya no hace falta que los productores lo digan: las autoridades tanto nacionales como provinciales reconocen que los beneficios de las leyes de emergencia no son suficientes para paliar las pérdidas que dejan las lluvias. "Los 500 millones de pesos dispuestos en el fondo de emergencia se quedaron cortos", dijo esta semana el secretario de Coordinación del Ministerio de Agroindustria, Santiago Hardie.
Por un lado, campos que pierden el 50 por ciento de lo sembrado reciben como principal ayuda el pagar unos meses más tarde un impuesto que no se achica un centavo; por el otro, los gobiernos sostienen que el costo fiscal de las leyes de emergencia no es menor, pero admiten que no ayudan demasiado a los productores.
Una ley de seguros multirriesgo es una alternativa que se viene barajando, tanto a nivel nacional como provincial, pero el debate que en las promesas parece avanzado, en la realidad asoma empantanado como los caminos rurales de las zonas anegadas: las aseguradoras piden primero obras de infraestructura que garanticen que no habrá inundaciones ante cualquier lluvia que supere lo normal, y redes de estaciones meteorológicas homologadas que permitan establecer series de datos estables en el tiempo, para determinar cuándo puede considerarse un fenómeno climático extraordinario o no.
En ese contexto, el biólogo Diego Pons, de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Manfredi del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), presentó en la Bolsa de Cereales de Córdoba un estudio de frecuencia de inundaciones realizado entre 2010 y 2015 en la provincia de Córdoba.
La investigación determinó que hay zonas que, por sus características naturales, son propensas a anegarse cuando hay períodos de grandes precipitaciones. "Son regiones de bajos y suelos alcalinos, entre otras características, que en los últimos años siempre tuvieron como constante los excesos de agua, pero igual son declaradas en emergencia", advirtió. Por eso, se preguntó: "¿Realmente hay que considerarlas en emergencia?".
Para Pons, teniendo en cuenta que son suelos con tendencia recurrente a quedar improductivos, una alternativa que podría evaluarse es que reciban un pago especial por "servicio ambiental". Es decir, que se aprovechen esas tierras para que actúen como reservorio para frenar el desagüe de los excesos hídricos, y que sus propietarios reciban un "subsidio" por no poder producir allí, en lugar de los beneficios de la ley de emergencia.
Sería un mecanismo similar al que contempla la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo y que ordena un pago por servicio ambiental a los productores que tienen sus campos en zona roja; es decir, que no se puede intervenir para poder producir.
Bajo el agua
En base a imágenes satelitales, Pons estimó que en Córdoba hay 476.620 hectáreas con problemas de excesos hídricos: 184.097 (31%) con agua en superficie y 288.523 (69%) anegadas; es decir, con las napas cerca del suelo. Estas cifras representan la superficie total afectada, sin discriminar si son tierras con aptitud agrícola o no.
El Departamento de Información Agroeconómica (DIA) de la Bolsa de Cereales calculó que hay 104.600 hectáreas con potencial productivo que están completamente inundadas, lo que representa el 1,3 por ciento de los ocho millones bajo cultivo.
