El Gobierno de Argentina dijo el jueves que se encargará de los controles de cargamentos de soja para identificar semillas desarrolladas por Monsanto que hayan sido obtenidas en el mercado negro, lo que cierra una larga disputa con el gigante estadounidense de los negocios agrícolas.
Los agricultores del país sudamericano rechazaban las revisiones que realizaba Monsanto en puertos y acopios desde el año pasado en busca de semillas que no hubieran pagado los derechos correspondientes, un conflicto que escaló cuando la compañía decidió no vender sus nuevas tecnologías en Argentina.
Desde ahora, Argentina manejará los análisis sobre cargamentos en busca de granos genéticamente modificados que no cumplan con las regalías correspondientes, informó el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. "El INASE (Instituto Nacional de Semillas) va a celebrar convenios con organismos públicos y privados de manera tal de poder hacer controles selectivos para determinar la legalidad de las semillas", dijo Buryaile en una conferencia de prensa.
Fiscalización pública
"El espíritu del acuerdo es este: nosotros fiscalizamos para que las empresas privadas puedan desarrollar tecnología y cobrarla", enfatizó. El anuncio del acuerdo había sido adelantado el miércoles a Reuters por una fuente de la cartera agrícola.
En tanto, Monsanto ha desactivado las revisiones que venía realizando, dijo a periodistas Fernando Giannoni, director de asuntos corporativos de la compañía para el sur de Latinoamérica. "En términos conceptuales me parece muy positivo que el INASE fortalezca su presencia en el mercado y que se efectúen controles por parte del Estado (...) (Pero) Todavía no hemos visto la resolución ni se han visto los convenios operativos", afirmó el ejecutivo tras la conferencia de prensa.
Legislación local
La legislación argentina reconoce los derechos de propiedad intelectual de la soja con tecnología desarrollada por Monsanto pero permite a los agricultores locales el uso gratuito de las semillas de segunda generación reproducidas por ellos mismos.
Mientras tanto, el Gobierno argentino está elaborando un proyecto de ley con el que intentará reemplazar la actual norma que rige el uso de semillas, algo que según Buryaile buscará compatibilizar "el derecho del productor y la sustentabilidad industrial".
De acuerdo al ministro de Agroindustria, el proyecto buscará "preservar el uso propio y gratuito de el trato (de semillas) de pequeños productores". El país austral es el tercer exportador mundial de soja y el mayor proveedor internacional de sus harina y aceite derivados.
