El Ejecutivo avanza en el armado en una batería de resoluciones ante la dificultad de un acuerdo entre la industria y los integrantes de la Mesa de Enlace por cerrar un mínimo consenso para una nueva ley de semillas, que hasta ahora el Gobierno entiende no llegará. Ante esto define las medidas para "reglamentar" el mercado que permita avanzar a un mayor control de las simientes.
En esa línea ordenó la retención de muestras a los productores de soja que no declararon el origen de sus granos en las últimas dos campañas.
Según pudo saber BAE Negocios, las resoluciones a publicar están basados en los proyectos de ley que el Ministerio de Agroindustria envío al Congreso y también en parte de la propuesta de Federación AgrariaArgentina (FAA).
Las fuentes consultadas de la Casa Rosada aclararon que "si bien se estamos esperando el diálogo entre los principales actores de la cadena, la posibilidad de que traigan un acuerdo por ahora lo vemos lejos".
Frente a esa indecisión "consideramos la necesidad de avanzar en línea con lo que llevamos al Parlamento en diciembre pasado, vía resoluciones".
Esto quiere decir el pago oneroso de la semilla por tres años y la posibilidad de extenderlo a un año. Lo que significará "que no se podrán hacer más contratos puesto que con la resolución vamos a decir cómo se tiene que pagar". Vale recordar que el proyecto del Ejecutivo le daba un marco de "orden público" lo que tira por la borda la vigencia de los contratos que celebran las empresas con los productores.
Nuevamente, "si hacemos una norma que marque las reglas del juego no deberá haber contratos", reconocieron las fuentes.
La idea de establecer un uso oneroso será sólo para un universo de productores que se está trabajando a partir de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase).
En este punto analizan la iniciativa de la FAA de poner una limitante al uso propio que podría ser hasta 1.500 toneladas comercializadas luego del cual deberán ser abonadas como corresponden.
Para el Gobierno es indispensable un "mínimo" acercamiento entre semilleras y productores, pero por ahora sólo "hay borradores" resaltaron actores que participan de los encuentros.
Esta semana hubo una reunión sólo entre productores para buscar zanjar la doble protección entre la patente y el uso propio.
"No queremos que una empresa vuelva nuevamente a decirnos que hacer con nuestros granos", señalaron las fuentes.
Por lo pronto a partir de las últimas resoluciones que obliga a los productores a declarar el origen de la semilla tanto de trigo como soja, este diario supo en este último caso que el Inase distribuyó una lista a los recibidores de granos de 1.926 chacareros con nombre, apellido y CUIT a los cuales se les deberá tomar una muestra dado que no presentaron la documentación que legitime el origen de la simiente para las campañas 2015/2016 y 2016/2017. Igualmente tienen tiempo hasta el 31 de julio para ponerse al día.
Este forma parte del trabajo del Inase a partir de las herramientas que le dio la nueva gestión, la cual empezó a notar varias inconsistencias lo que llevo a la conclusión de que muchos productores "mienten". Es así que se descubrió a varias cooperativas que dicen no sembrar Intacta, un producto comercializado por Monsanto en zonas en donde es sabido hay un alto uso de su tecnología y en donde los análisis dieron "negativo".
Fuentes de Agroindustria adelantaron además que ahora se sumara el algodón a los registros del Inase. "La firma es inminente y a salir en los próximos días", aseguraron. La decisión pasa porque hay tecnología que se está por liberar y que las empresas exigen como garantía para cobrar por ella.
Las autoridades consideran que el cultivo típico del norte del país necesita una nueva genética dado que hace años que no hay variedades actuales en el mercado.
