La Unión Europea postergó, al menos hasta septiembre próximo, la posibilidad de implementar una rebaja en el arancel que tributa la importación de biodiésel de soja producido en la Argentina, en base a lo lo que dispuso hoy la Dirección General de Comercio europea.
Esta decisión generará un nuevo daño a los productores argentinos que ya habían concretado ventas por más de 20 millones de dólares en adelanto a la inminente entrada en vigencia de la nueva alícuota.
“Esta medida europea revela una maniobra proteccionista para mantener cerrado el mercado con argumentos ilegales y arbitrarios, en perjuicio de la Argentina", afirmó Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), al confirmar la postergación anunciada por la Unión Europea de revisar a la baja los derechos antidumping del 24,6 por ciento que se habían impuesto a la producción argentina en 2013.
La UE está obligada a retrotraer la medida que en octubre de 2016 la Organización Mundial de Comercio (OMC) objetó al considerar que eran elevados, incorrectamente calculados e ilegales aquellos derechos.
"El daño comercial generado por esta dilación se calcula en millones de dólares por ventas no realizadas en los próximos meses, ya que las empresas argentinas productoras de biodiésel están preparadas para responder a la demanda europea, tras cuatro años de cierre injustificado de ese mercado”, agregó el directivo de Carbio.
A raíz del fallo de la OMC, la Unión Europea debía revisar la medida pero hoy dispuso una nueva postergación, situación que dificultará a los productores argentinos la concreción de nuevas operaciones hasta al menos los últimos meses del año, según la estimación desde la cámara.
Desde que se conoció la irreversibilidad del fallo y la proximidad de la fecha de la reducción de aranceles, los importadores de la Unión Europea comenzaron a concretar las primeras compras de biocombustibles a los productores argentinos y con el nuevo arancel reducido, por lo cual la dilación hizo caer esos primeros contratos.
La medida conocida hoy implica el aplazamiento de la fecha para la puesta en marcha de una rebaja en la alícuota fijada por la UE en su momento por la comisión de presunto dúmping, que debía comenzar a regir inicialmente el próximo 10 de agosto, y que ahora no podrá concretarse antes de fines de septiembre.
Desde Carbio se interpretó que la nueva postergación responde a “errores administrativos y políticos”, ya que el argumento europeo fue que la propuesta a tratar también incluía a Indonesia junto al caso argentino, lo que fue objetado y rechazado en la audiencia de hoy.
Fuentes del sector calificaron la medida como "parte del lobby de la industria europea para evitar la implementación de la reducción de aranceles e inventaron una fórmula para postergar una vez más la medida", a pesar de que la UE y el gobierno argentino habían acordado un plazo razonable hasta el próximo 10 de agosto para implementar la disminución de derechos antidumping.
Para ello, la Comisión Europea elaboró un borrador de reglamento para modificar esos derechos pero, al ser sometido a votación, los países de la UE decidieron retrasar la decisión.
Las empresas locales exportadoras de biodiésel aguardaban con expectativa la decisión de las autoridades de la Comisión Europea en Bruselas, ya que la reapertura permitirá compensar las restricciones que se esperan de Estados Unidos y mantener así el buen ritmo actual de las exportaciones, que en lo que va del año aumentaron más de 39 por ciento en volumen y casi 65 por ciento en ingreso de divisas.
El nuevo esquema, según se anticipa, supondrá un recorte de los aranceles desde 24,6 a menos de 10 por ciento, y algunos trascendidos mencionaron una banda de entre 7,6 y 10,6 por ciento, que diferenciaría según cada exportador.
El gobierno y los empresarios argentinos aseguran que esos derechos provocaron una reducción de ventas de biodiésel a Europa por unos 1.600 millones de dólares, lo que obligó a redireccionar los envíos a otros países, sobre todo a Estados Unidos.
Las industrias radicadas en el país confían en reforzar por esta vía su actual nivel de negocios externos, que entre enero y mayo reportaron ingresos por 432 millones de dólares, 64,8 por ciento más que en igual período de 2016, de acuerdo con las estadísticas difundidas por el Ministerio de Energía y Minería.
El resultado de esas exportaciones se respaldó en las mejoras de los precios del biodiésel, más que en los volúmenes embarcados, que pasaron de 415.000 a 572.300 toneladas, por lo que registraron un crecimiento relativo de 35,9 por ciento en los primeros cinco meses de 2016 frente a igual período de este año.
En noviembre de 2013, la UE impuso un derecho antidumping sobre la base de argumentos insostenibles, lo que determinó que se cerrara ese mercado a las exportaciones de biodiésel argentino al mercado europeo, a pesar de que la Argentina era su principal abastecedor.
Carbio y la Cancillería argentina iniciaron entonces, de manera conjunta, acciones legales tanto ante la OMC como ante la Corte General de Justicia de la UE en Luxemburgo, y demostraron que el cálculo realizado para determinar la existencia de dumping se basó en una construcción errónea sobre el valor de las exportaciones nacionales.
