Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) estimó que el revalúo del impuesto inmobiliario rural estipulado para el próximo año en la provincia de Buenos Aires representará "un costo para el sector de 4.000 millones de pesos".
Según la entidad presidida por Dardo Chiesa, el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo bonaerense -que estipula un aumento promedio del impuesto inmobiliario rural del 50 por ciento- pone de manifiesto que "el gradualismo de las cuentas fiscales la siguen pagando los productores".
A través de un comunicado, CRA consideró que "este incremento duplica, en el mejor de los casos, a la tasa de inflación anual".
Desde el gobierno bonaerense dijeron a Télam que "en concepto de impuesto inmobiliario, los campos de la provincia pagan, en promedio, $150 al año por hectárea en 2017, mientras que en 2018 pagarán $225. El aumento promedio por hectárea será de $75 anual".
Las autoridades provinciales, con estos números en la mano, salieron a poner sobre la mesa el impacto que la medida puede tener sobre el campo.
Desde CRA dijeron que "no es cierto, al menos en lo que se refiere al sector rural, que no se hayan actualizado desde hace 12 años ya que en la zona núcleo, desde el 2008 a la fecha el valor por hectárea del impuesto se multiplicó por 20. Si lo cruzamos por el precio de la soja para el mismo caso, el impuesto se incrementó un 433 por ciento".
"Este aumento genera por sí solo y gracias al excesivo y distorsivo sistema tributario al cual están expuestos los productores, un efecto cascada sobre el impuesto inmobiliario complementario y sobre el impuesto a los bienes personales, en algunos casos particulares la sumatoria de impactos hace que este aumento tenga matices de confiscatorio" ya que "la tributación total llega a comprometer un 30 por ciento del beneficio de la producción".
Por último, la CRA aseguró que "todos estos argumentos demuestran por lo menos una falencia importante y es la de no saber cómo se compone la rentabilidad del productor" y aseguraron que "el gradualismo en las cuentas fiscales, y la provincia de Buenos Aires no es la excepción, lo siguen pagando los productores agropecuarios.
