La Comisión de Enlace de las Entidades Agropecuarias Regional Córdoba, compuesta por Federación Agraria Argentina (FAA); Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez); Sociedad Rural Argentina, y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), manifestó en un comunicado el rechazo al aumento y aseguró que desde 2001 a la fecha los impuestos no volvieron "en obras de infraestructura", entre otros aspectos.
Al respecto, Busso manifestó que el comunicado es, "como mínimo, injusto, ya que (las entidades) saben que el gobierno de Córdoba siempre estuvo al lado del sector agropecuario, incluso en los momentos más complicados, cuando apoyar al ruralismo significaba un destrato hacia la provincia desde los estamentos nacionales.
"Creemos que en estos tiempos hay que ser responsables y adecuar los esfuerzos, cada uno desde su lugar y su ámbito", sostuvo.
Según Busso, "no es como dice el documento eso de que el dinero que pone el agro cordobés no vuelve en infraestructura".
"Durante 2017 se gestionó una gran cantidad de obras en materia canalera y vial, y para 2018 se continuará con la misma política, ya que se destinarán 1.200 millones de pesos para la realización de obras tendientes a solucionar la problemática de los escurrimientos hídricos y otros 1.100 millones se volcarán a la recuperación, mantenimiento y apertura de trazados viales secundarios y terciarios", detalló.
El ministro precisó que "se triplicará el presupuesto para conservación de suelos, por lo que seguiremos dotando de equipos e implementos a los consorcios; todo lo que aporta el agro cordobés en impuestos vuelve al sector".
Busso consideró que también se mide con distinta vara entre las opiniones que se expresan hacia la provincia por un lado y hacia la Nación por el otro.
Según el ministro, las entidades manifiestan que es desmedido el esfuerzo de invertir 350 millones con esta actualización, pero nada dicen de los reiterados pedidos que el gobernador Schiaretti hizo para la eliminación total de las retenciones a la soja, que le quita al sector productivo local nada menos que 21 mil millones de pesos que van al Gobierno Central para su manejo discrecional.
"Tampoco veo que levanten la voz sobre las equivocadas políticas con respecto a los biocombustibles, específicamente sobre el etanol de maíz", enfatizó Busso.
