La Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) necesita que se atiendan las diferentes dimensiones de la informalidad, tanto en los aspectos fiscales, laborales como en las normas de higiene y salud, que generan competencia desleal y que, en muchos casos, opacan las discusiones técnicas indispensables para lograr una industria eficiente y competitiva.
¨Necesitamos crear mecanismos para asegurarnos que todas las empresas operen en la formalidad, tal como trabajan las empresas adheridas a COPAL (Coordinadora de las Industria de Productos Alimenticios) que ofrecen productos inocuos y saludables”, dijo el presidente de la institución, Daniel Funes de Rioja.
La lucha contra la informalidad fiscal y laboral merece estar entre los principales temas de agenda de la política de Estado. La problemática genera una dramática situación social que perjudica tanto al empleador como el trabajador y también una injusta y falsa competitividad
Además, la desmesurada estructura tributaria no sólo afecta a la industria: retroalimenta la evasión y restringe el empleo formal. Se observa que el incremento de alícuota para la industria, el establecimiento de Mínimo no Imponible y eliminación del Dto. 814 -pago a cuenta de IVA- afecta de manera neta a las industrias radicadas en zonas geográficas distantes de los centros de consumos masivos. El mantenimiento, o en su caso potenciación del Dto. 814, ayudaría a paliar entre otras cosas los costos logísticos para la comercialización de productos de economías regionales, que en algunos casos llegan a representar el 30% de la facturación total.
También los costos no salariales, abruman transversalmente a todo el sector empleador y hacen mucho más difícil la creación de empleo, generando informalidad laboral, fomentando la competencia desleal y desamparando al trabajador que queda marginalizado de los beneficios de la seguridad social. En este sentido, COPAL propuso generar Convenios de Corresponsabilidad Gremial, en los distintos sectores de la industria de alimentos, como instrumento adecuado para propender a la regularización del trabajo informal en todos los sectores involucrados.
Existen además exigencias y tiempos desmedidos para cumplimentar diferentes trámites necesarios dentro de la producción de alimentos. Los tiempos para inscribir un nuevo producto, según la jurisdicción, van de los tres a los nueve meses. “Debemos crear las condiciones para que las empresas sigan creando empleo y arraigo. Es fundamental trabajar en pos de disminuir las distorsiones y terminar con las diferencias entre jurisdicciones”, expresó Funes de Rioja. “Todo esto ha sido encarado por el Gobierno en la normativa específica sobre desburocratización pero requieren de implementación inmediata”, agregó.
El foco también debe estar puesto en que todas las jurisdicciones de ámbito de gobierno sea Nacional, Provincial o Municipal respeten el Consenso Fiscal. Según un relevamiento de la entidad no cumplen con la aplicación de la alícuota de Ingresos Brutos para la actividad industrial establecida en el consenso: Mendoza, San Juan, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero.
Finalmente los desafíos de crecer con empleo, integrarnos inteligentemente al mundo, combatir la marginalidad y la pobreza van de la mano de esta demanda de competitividad sobre bases sólidas donde se corrijan las asimetrías heredadas y las distorsiones que deben afrontar especialmente las pymes y las economías regionales.
