Pese a que todavía muchos referentes de la dirigencia rural se esfuerzan en disimularlo, es imposible ocultar el descontento que viven los productores agropecuarios en los distintos rincones del interior de nuestro país con la gestión de Mauricio Macri, más allá de las medidas implementadas al inicio de su mandato presidencial, que incluyeron la eliminación de trabas a las exportaciones y de retenciones a los cereales y a las carnes. Situación similar ocurre en la provincia de Buenos Aires con la gobernadora María Eugenia Vidal, que empezó a cobrar visibilidad a fines del año pasado tras la fuerte suba del impuesto inmobiliario rural.
Si bien los máximos dirigentes de la Mesa de Enlace declaran públicamente tibias críticas a la falta de políticas oficiales hacia el sector, es sabido que hacen malabares para contener los duros cuestionamientos que provienen de los chacareros tranqueras adentro. A la grave situación que sufren desde hace años diversas actividades como la lechería y economías regionales como la producción de peras y manzanas en el alto valle de Río Negro y Neuquén, se sumaron desde abril las malas decisiones del Gobierno en materia macroeconómica que desataron la crisis cambiaria y financiera que aún el Ejecutivo Nacional no logra resolver, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mediante.
Este escenario de alta volatilidad, de incertidumbre constante, con bruscos movimientos del tipo de cambio, estancamiento del nivel de actividad e inflación indomable, expone las dificultades que atraviesan miles de productores rurales a lo largo y ancho del territorio nacional.
También es cierto que en el campo sintieron un gran alivio luego de que el propio Macri ratificara que no habrá cambios en el actual esquema de retenciones, ante los rumores que se habían instalado en la esfera oficial durante los últimos meses. Es decir, que no se volverán a instaurar derechos de exportación al trigo y al maíz, y no se suspenderá la baja gradual del 0,5 por ciento mensual que se aplica a la soja desde enero de 2018 (impuesto que se ubica actualmente en 26,5 por ciento). Esto hubiese configurado, sin dudas, un grave error político y una traición del Jefe de Estado a los productores, un universo que acompaño con la convicción de su voto el "cambio" que trató de instalar desde el primer día de su campaña electoral el presidente y sus principales asesores.
El descontento y la desilusión de los "hombres de campo" por la falta de respuesta oficial a muchas demandas del agro, deben entenderse dentro del delicado contexto en el que quedó parado el sector tras la brutal sequía del verano y los excesos de lluvias del otoño, que impactaron de manera directa en el bolsillo del chacarero y afectaron el crecimiento de la economía de nuestro país
