Un decreto presidencial, publicado este lunes en el Boletín Oficial, le ordenó al Ministerio de Agroindustria que revocara una resolución del gobierno anterior, por el cual Molinos Río de la Plata, la alimenticia, que controla la familia Perez Companc arrastraba un conflicto de u$s70 millones.Molinos está, desde hace más de una década, en batalla con la Aduana por el pago de gravámenes por ventas al exterior, cuya alícuota había sido aumentada por el Estado a fines de 2007.
Esto derivó en reclamos de la compañía, que, en 2015, tuvieron una respuesta negativa por parte del ministerio que, entonces, conducía Carlos Casamiquela.
Ahora, según ordenó Mauricio Macri, Agroindustria debe resolver la situación actual de la compañía. Aunque la medida que inició el conflicto -la resolución 1898/2008, de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), organismo descentralizado que dependía de Agricultura- fue general, el decreto de Macri menciona exclusivamente a la empresa de los Perez Companc.
"Resuélvase el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Molinos Río de la Plata contra la resolución ex ONCCA 1898, del 21 de julio de 2008", se lee en el texto. Hace dos meses, el Presidente encabezó el acto de inauguración de la ampliación de $700 millones que Molinos hizo en una de sus fábricas de pastas.En enero de 2008, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió que el aumento de la alícuota para las exportaciones de productos agrícola establecido en noviembre de 2007 sería retroactivo para las ventas registradas que se encontraran pendientes de embarque.
Para no tener que pagar, los exportadores debían acreditar la tenencia de los bienes a ser exportados, que se habían registrado en las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE).
Molinos asegura haber recibido cargos por DJVE sobre los cuales puede acreditar la mercadería de diciembre de 2008 a septiembre de 2017, según consignó en su último balance anual (2017).
En el sitio oficial del Ministerio, la primera exportación de la empresa que, según la institución, no cumplía con estos requisitos figura con fecha de presentación a septiembre de 2007 y corresponde a la venta de aceite de girasol en bruto a granel.
El monto reclamado por el fisco, según reconoce Molinos en sus estados contables, asciende a u$s 70,7 millones. Está asentado como pendiente de pago hasta que se resuelva la situacióin del recurso jerárquico presentado por la firma ante el Tribunal Fiscal de la Nación."El recurso jerárquico bajo examen ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, por lo que resulta formalmente admisible", se lee en el decreto que firmó Macri. Tomó en cuenta la opinión de la Procuración del Tesoro, que consideró que no correspondía rechazar lo presentado por la empresa.
