Durante el jueves y viernes de la semana pasada, mientras los rumores crecían y se especulaba con que el Gobierno impondría nuevamente retenciones, las empresas agroexportadoras se apuraron a anotar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de granos. El lunes el anuncio oficial confirmó las sospechas, pero en el medio las empresas ya habían declarado poco más de 8,5 millones de toneladas por u$s2.250 millones.
Ahora con las cartas sobre la mesa las firmas involucradas en la maniobra salieron a contestar mediante un comunicado: "Ante versiones, comentarios e interpretaciones en torno de la registración de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) realizadas la semana pasada, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron que las empresas exportadoras, de manera individual, se presentarán voluntaria y espontáneamente ante todos los organismos de control competentes, con toda la documentación necesaria para acreditar que esas operaciones se hicieron en el marco de las normas vigentes. La documentación que acredita la validez de las operaciones realizadas dentro del marco de la ley vigente se presentará ante la actual Secretaría de Agroindustria, la AFIP, la Oficina Anticorrupción y estará disponible para cualquier otro organismo de supervisión y control del Estado", expresa el comunicado.
Lo cierto es que el Gobierno cerró tarde el registro oficial porque la resolución fue firmada el viernes después de las 14 y recién el lunes publicada en el Boletín Oficial. Por ende, las agroexportadoras, entre jueves y viernes pudieron registrar ventas al exterior de maíz y trigo con retención cero mientras que ahora paga del 10% al 12%, según la cotización del dólar, o de 4 pesos por tonelada exportada.
En este contexto, el abogado Marcelo Parrilli presentó ayer una denuncia penal contra el ministro Etchevehere y las empresas cerealeras por una supuesta "tentativa defraudación a la administración pública". Parrilli además solicitó el "allanamiento del Ministerio de Agroindustria, secuestro de documentación y medida cautelar para que no se eluda el pago de retenciones".
