Las comisiones en Diputados volverán a reunirse este martes para analizar el nuevo marco normativo del país. La primera jornada de debate por la Ley de Semillas fue el 19 de septiembre pasado y contó con 11 expositores.
Los expositores se pronunciaron a favor de la modificación de la ley de semillas y creaciones filogenéticas. En general, apoyan un fortalecimiento del Inase, como único organismo controlador y el pago único en la semilla. Las diferencias están en la declaración de orden público y el uso propio oneroso.
El legislador Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), titular de la comisión de Agricultura, dio inicio al debate de semillas y se mostró auspicioso de “poder lograr un dictamen, luego de escuchar las exposiciones”.
En la última reunión, desde Gensus, el único criadero de semilla fiscalizada de algodón del país, aseguraron que el principal beneficiario de la regularización del mercado, es el productor, ayudado por un Inase fuerte, con capacidad de tomar decisiones. Pidieron inversiones en genética, ya que aseguraron que el gen del algodón en el país es de 18 años de edad.
Desde las entidades gremiales, por Confederaciones Rurales Argentinas apoyaron una modificación general de la ley de semillas, con la excepción del fitomejorador, del agricultor para quien reserva y siembra semilla para propio uso, en un volumen igual a la semilla fiscalizada originalmente adquirida –con excepcionespara agricultores familiares y pueblos originarios-y del consumo para el agricultor que usa y/o vende el producto obtenido.También apoyan el cobro de la propiedad intelectual, integralmente en la semilla, declarar la ley de orden público, el Inase como único organismo de control, herramientas fiscales que fortalezcan las creaciones filogenéticas y el uso de semilla fiscalizada.
Mientras que, desde Coninagro, señalaron la importancia de invertir en tecnología y apostaron a una nueva ley que contemple un método sencillo, el pago por la tecnología, en un marco legal adecuado y un Inase dotado de herramientas para el control.
Desde la academia, por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires apuntaron a crear un fondo para financiar programas de mejoramiento estratégicos, decidido en forma participativa con los productores; mientras que la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, apoyó el cobro de regalías en la bolsa de semillas, el uso propio acotado, el Inase como único organismo de control y una ley de orden público.
Por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires propusieron pensar la ley de semillas en clave de “economía verde”: la investigación y desarrollo que permita obtener el mayor rendimiento con el menor ataque al medioambiente, que promueva el uso propio y la propiedad intelectual limitada. Asimismo, la Federación de Acopiadores postuló uso propio oneroso, fijar regalías para las próximas tres campañas, la excepción para el pequeño productor y los pueblos originarios, pago único y mayor control del Inase.
Desde Asociación de Cooperativas Argentinas, a diferencia de sus antecesores dijeron que no están satisfechos con la ley actual, aunque propusieron: mantener el uso propio, aceptar el sistema de regalías y el uso propio oneroso, el pago único (tecnología y germoplasma), la determinación de variedades, más y mejor control estatal y el reconocimiento de la operación necesaria de semilleros multiplicadores, aunque no consideran necesario la declaración de orden público.
Rechazo a la ley Monsanto
La Federación Agraria Argentina, que nuclea a los pequeños productores, se movilizó en septiembre frente al Congreso y denominó a la actividad “Semillazo”, como forma de protesta hacia “la Ley Monsanto-Bayer”.
La entidad ya se había pronunciado en este punto, y había declarado que el acuerdo “refleja al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004”. Según FAA, entre las mismas se encuentran: la eliminación de los derechos de los productores a ejercer el derecho al uso propio de la semilla; convertir al Instituto Nacional de Semillas en el custodio de los derechos de patentes sobre genes de las corporaciones; imponer el poder de la concentración de unos pocos sobre decenas de miles de actores de la actividad agraria sin que nadie equipare el derecho de los más débiles.
La Federación, junto a otras organizaciones representativas de la agricultura familiar, campesina e indígena, buscan garantizar “el carácter de orden público del régimen legal de semillas y la función indelegable del Estado en materia de protección del derecho de los agricultores”.
Por este motivo, reclaman una nueva normativa que contemple y garantice: “la participación decisiva de las organizaciones agrarias de agricultura familiar campesina y pueblos originarios en los órganos estatales y comunitarios que arbitren sobre la producción agrícola; el uso propio como derecho del agricultor; un marco específico para los agricultores familiares; definiciones de semillas nativas y criollas para resguardarlas, las promoción de producciones agroecológicas y la preservación de la biodiversidad; declarar de orden público las disposiciones de la ley relativas a derechos y limitaciones; declarar la invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas”
