Con líneas de crédito del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno apunta a enfriar lo que se espera sea un fin de año caliente en materia económica y social. El monto total de USD 1.850 millones aportado por ambos organismos estará dirigido a proveer refuerzo a programas de contención y asistencia social.
El préstamo del Banco Mundial se dividirá en dos. El primer desembolso de USD 500 millones llegará para cubrir necesidad presupuestarias del país, de acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Hacienda. Será bajo la figura de Financiamiento Programático para Políticas de Desarrollo (DPF, por sus siglas en inglés), para promover políticas que promueven crecimiento inclusivo.
Los USD 450 millones restantes que fueron aprobados irán dirigidos al Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes, con el objetivo de llegar a 250.000 niños que aún no están incluidos en los programas de asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH).
"En estos momentos difíciles, el Banco Mundial ofrece su fuerte apoyo y solidaridad con el país, especialmente a las personas más vulnerables", afirmó Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. "Este financiamiento apunta a proteger a las familias que más lo necesitan para que no caigan en la pobreza mientras se avanza en sentar las bases que impulsen el crecimiento económico inclusivo y sostenible en el país", agregó.
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El préstamo del BID, mientras tanto, estará enfocado en apoyar iniciativas de protección social en la Argentina que benefician a cerca de 4 millones de personas, a través de los programas de Hacemos Futuro, Becas Progresar y la Tarifa Social del Transporte Público.
Los USD 900 millones entregados por parte del organismo mulilateral es la primera operación de un préstamo multifase de inversión por USD 1.500 millones que buscan fortalecer programas de educación, formación laboral integral y acceso al transporte público.
Entre las acciones previstas por la operación, se prevé asegurar la sostenibilidad de programas de transferencias monetarias dirigidos a población vulnerable, promover la progresión y finalización educativa, así como la formación laboral integral de la población que recibe estas transferencias; mejorar la eficiencia distributiva de los subsidios a servicios públicos de transporte; y, avanzar en la eficiencia de los programas de protección social a través de una mejora en la gestión de la información.
