Sobre este y muchos otros temas dialogó en exclusiva Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, que pasó por Palabra de Campo -por Radio 10- para detallar los puntos más importantes y las contemplaciones que se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el proyecto que generó ruido entre los productores bonaerenses.
Rodríguez explicaba que el inmobiliario, a diferencia de otros impuestos, tiene la particularidad de que se fija con un monto nominal, por lo que hay que debatirlo cada año, y no se actualiza automáticamente como ocurre con el IVA o Ingresos Brutos. Por eso, dijo, en la Ley que fija ingresos e impuestos para el 2020, buscaron ajustar los mismos a la inflación.
“La inflación fue de 55%, pero en lugar de limitarnos a aumentar ese porcentaje a todos, agregamos elementos que para nosotros son claves y que el Gobernador sostuvo en campaña: segmentación, es decir, tratar de que aquellos productores más chicos sean los que tengan las contemplaciones del Estado”, aseguró.
En el caso del inmobiliario rural, se planteó eso: una segmentación para que el promedio pueda dar 55% -monto de la inflación anual 2019-. Sin embargo, hay un estrato de productores que pagará el 55% más, otro que estará por encima y otro que estará por debajo.
Los que estén por debajo, explicó, son quienes pagarán 15% de aumento (cuyas propiedades no superen en valuación los $260.870). El 35% les tocará a los que tengan propiedades de hasta $816.075. Eso ocurrirá en el 50% de los casos en la provincia de Buenos Aires, es decir, la mitad de los productores tendrán ese nivel de aumento, por debajo de la inflación, según confirmó Rodríguez.
Otro porcentaje importante, aclara, pagará el incremento de la inflación tal como está (pagarán 55% más quienes tengan propiedades valuadas entre $816.075 y $3 millones), y otro estrato de productores grandes pagará un aumento por encima de la misma, que llega sí al 75%. “Como la inflación fue de 55%, en términos reales el aumento es de 10%”, asegura el ministro. Pero, ¿a quiénes incluye este estrato superior? A quienes cumplan con dos condiciones: que la valuación fiscal esté entre el 10% de las partidas de mayor valor de la provincia (más de $3 millones), y que la superficie sea de más de 2.000 hectáreas.
“Creemos que alguien que tiene más de 2.000 hectáreas tiene la capacidad contributiva de pagar ese aumento y aportar a sostener una suba menor para los productores chicos”, destacó el titular de Desarrollo Agrario.
Lo que remarcaba son las tres exenciones que determinaron. Una a la lechería: “La viene pasando mal en los últimos cuatro años, y cerraron más de 500 tambos en Buenos Aires, por eso lo que hicimos fue eximirlos absolutamente a todos los tambos de menos de 100 hectáreas. Es decir que aquellos que realizan exclusiva o principalmente actividad lechera y tengan menos de 100 hectáreas, pagarán cero impuesto”.
El titular de la cartera señaló que “hay que entender que esta es una situación especial, por eso también se extendió a los tamberos con hasta 150 hectáreas, que pagarán el 50% del impuesto”.
También contemplaron exenciones para los productores de hasta 50 hectáreas y que realicen producciones agrícola-ganaderas tradicionales. Esto incluye a los productores de trigo, soja, maíz, ganadería bovina, porcina y aviar.
Para los frutícolas pensaron la tercera exención: “Pusimos una escala más chica de 20 hectáreas, porque una explotación frutícola de 40 has ya los deja como productores de una escala más alta”.
