Desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas, transparentando cada uno de los eslabones de la cadena de producción, equilibrando los intereses de todos los actores; saldando una cuestión trascendental para la cual no se habían encontrado soluciones concretas durante la última década.
En este sentido, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, celebró el ingreso del Proyecto para que pueda tener tratamiento parlamentario y aseguró: "actualizar y regularizar el mercado de las semillas es un tema prioritario en nuestra gestión y por eso, tal como nos comprometimos, presentamos una propuesta desde el Ministerio, para que pueda comenzar el debate en el ámbito correspondiente como lo es el Congreso de la Nación, para que la Ley de Semillas se adecue a la realidad productiva argentina".
Los puntos principales del proyecto consisten en que se mantendrá el uso propio gratuito exceptuando de ello a las variedades reproducidas por semilla durante las tres primeras campañas posteriores a la adquisición de la misma. A partir de la quinta, el agricultor podrá hacer uso propio gratuito, salvo el incremental. El cobro que ejerce el titular de la variedad incluye todos los derechos de propiedad intelectual.
Cabe destacar que quedarán exentos de todo pago aquellos productores que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, y los pueblos originarios que intercambien semillas en un contexto de agricultura familiar, así como aquellos cuya facturación no supere tres veces el monto correspondiente a la categoría más alta del monotributo, más allá de que estén o no suscriptos a éste.
Además, se ejercerá un control eficiente en el desarrollo de actividades de producción y comercialización de semilla a través del Instituto Nacional de la Semilla (INASE), organismo de competencia primaria en la materia, el cual tendrá un rol activo de fiscalización y contará con un Directorio con representantes del sector público y privado.
La realidad de los productores cambió fuertemente en los últimos cuarenta años luego de la sanción de la ley en la década de 1970, lo que vuelve indispensable una actualización que permita fomentar el desarrollo genético y biotecnológico y acercar la mejor tecnología a los productores; garantizando el uso con fines de experimentación de las variedades de semillas, promoviendo la investigación y el crecimiento de la productividad del sector.
