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Una vez publicado el decreto y que se vuelta operativa la medida, la AGP continuará pagando las concesiones en curso para las tareas de dragado y balizamiento, hasta que se convoque a una licitación definitiva, proyectada para dentro de un año.
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El Gobierno pretende constituir un ente de control que contará con representantes de las siete provincias involucradas, cobrará los peajes a las compañías navieras, y se encargará de otorgar la licitación definitiva que “contempla nuevas obras, se plantea mayor profundidad de dragado, acceso a los puertos públicos y demás”, indicó el ministro.