El proyecto oficial de reforma de la Ley de Semillas (Nº 20.247/73), que ingresó dos semanas atrás a la Cámara de Diputados, ya no podrá ser tratado este año en el Congreso.
La iniciativa elaborada por el equipo técnico del Ministerio de Agroindustria no fue incluida por el massista Gilberto Alegre, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, en próxima reunión de dicho organismo (el miércoles 2 de noviembre está previsto tratar un proyecto lechero en ese ámbito).
Los plazos legislativos para tratar el proyecto se agotaron. El próximo 30 de noviembre finalizan las sesiones ordinarias en el Congreso. Y es poco probable que el mismo se incluya en eventuales sesiones extraordinarias.
El aspecto central del proyecto de Agroindustria reside en declarar de “orden público” el hecho de que “el precio que abone cualquier adquiriente de semilla por la misma dará por satisfechos todos los derechos de propiedad intelectual, sin excepciones, que la semilla y los productos obtenidos a partir del uso de la misma contengan”. Eso implica que las regalías por todo concepto de propiedad intelectual (germoplasma + eventos biotecnológicos) deberán cobrarse solamente al momento de adquirir la semilla. Es decir: no podrán percibirse al momento de entregar la cosecha por más que haya acuerdos privados que así lo establezcan.
Alegre no está de acuerdo con la iniciativa oficial. Por ese motivo presentó este año un proyecto propio de Ley de Semillas –que deroga la norma vigente– por medio del cual se habilitan diferentes alternativas para el cobro de regalías sin limitar la posibilidad de realizar acuerdos entre privados.
En ese contexto, la próxima siembra de trigo 2017/18 seguramente se realizará en el marco de la normativa vigente, lo que implica que los productores, según lo dispuesto por la Ley Nº 24.247, podrán seguir haciendo “uso propio” gratuito –sin restricciones de volumen– de aquellos cultivares de trigo adquiridos legalmente (según lo exigido por la resolución 149/16 del Inase).
El gobierno nacional además tiene –antes que el proyecto de reforma de la Ley de Semillas– muchas iniciativas legislativas estratégicas que se están negociando con boques de la oposición y deben ser aprobadas cuanto antes, tales como el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2017, el régimen de Participación Público-Privada y definir la posibilidad de realizar un juicio político a la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
