La conducción del bloque de diputados de Cambiemos alcanzó un acuerdo con el massismo y el bloque justicialista, con lo cual podrá emitir hoy el dictamen de mayoría sobre el presupuesto 2017, al incluir una partida especial de $5.000 millones en el fondo sojero para distribuir entre las provincias y los municipios, giros automáticos para cubrir déficit de las cajas previsionales y la incorporación de obras de infraestructura a varios distritos.
De esta manera, el oficialismo podrá votar este miércoles y jueves el presupuesto junto al proyecto de reforma la ley de superpoderes para limitar al 10 por ciento el monto en que se podrá cambiar el destino de las partidas, y la iniciativa de contrato público-privado, cuya sanción es clave porque la mayoría de las obras se solventarán con este sistema utilizado para atraer inversiones externas.
Las negociaciones son realizadas por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; los jefe del bloque del PRO Nicolás Massot; y de la comisión de presupuesto, Luciano Laspina; con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; su asesor económico Marco Lavagna; y el justicialista Diego Bossio.
Las máximas autoridades del oficialismo y la oposición intercambiaron textos de redacción que permitió que ya exista un borrador de dictamen que el lunes será puesto a consideración en la reunión de comisión que se realizará a las 16, para firmar los despachos de presupuesto, y superpoderes, que serán debatidos en la maratónica sesión especial que se realizará desde el miércoles al mediodía y se extenderá por más de 30 horas.
Uno de los puntos del acuerdo es incorporar un suma de $5.000 millones para el fondo sojero que se distribuirá de acuerdo a los índices de coparticipación, el 70 por ciento a las provincias y el 30 a los municipios, pero tendrán el requisito de que se utilicen para obras de infraestructura.
Así, se descartó destinar el 2 por ciento del impuesto a las ganancias para reforzar los ATN y que se distribuya por la ley de coparticipación, aunque sí habrá una partida especial de $5.000 millones para que el gobierno utilice para enviar a las provincias en caso de una contingencias especiales.
Además, se sumaron obras de infraestructura para construir un acueducto en La Pampa, una autopista en Mendoza, rutas en varias provincias y se autorizó al gobierno a utilizar el sistema de contrato público privado, que se debatirá también el miércoles, para permitir la inversión privada.
Otro punto que se acordó es la coparticipación de la mitad de los $14.000 millones para financiar cajas provinciales.
También se incorporó una suma de $1.000 millones para las Universidades Nacionales como pedían los mandatarios y los recortes del Consejo Nacional Universitario.
Si bien se incorporaron muchas modificaciones nadie discute las previsiones macroeconómicas del gobierno que contempla un aumento de 3,5 por ciento, una pauta inflacionaria del 17 por ciento, un dólar a 18 pesos, un déficit del 4,2 por ciento y una deuda estimada en $247.000 millones.
Tampoco los opositores cuestionan el aumento de gastos sociales y en obras de infraestructura, ni los acuerdos firmados entre el gobierno y los mandatarios sobre prórroga de deuda de capital, reducir del déficit y condiciones para el endeudamiento externo.
Otro punto del acuerdo fue la inclusión de $1.200 millones para el área de Ciencia y Tecnología, de los 800 millones que irán al ministerio de Ciencia y Tecnología.
También se aumentó en $550 millones el presupuesto del Sedronar, 40 millones al ministerio de Turismo y dos millones para el museo del Holocausto.
Además se reformó la partida del ministerio de de Agricultura que sumará $4.500 millones de pesos para destinar a Senasa, economías regionales, y agricultura familiar.
Uno de los puntos que se debe acordar es la moratoria de las deudas que tienen las provincias con el fisco por aportes patronales, ya que el gobierno exige que los distritos que accedan a ese beneficio retiren la demanda ante la Corte por el 1,5 por ciento de coparticipación que retenía el gobierno.
Además, el oficialismo debe acordar con la oposición la reforma de la ley que limita los superpoderes para reformular las partidas presupuestarias ya que el gobierno quiere una reducción gradual que para el 2017 se ubique en el 10 por ciento, pero la oposición quiere un tope del 5 por ciento.
Lo más probable, según las fuentes consultadas, es que se fije una reducción gradual pero partiendo de un monto que no supere el 7 por ciento.
