Desde la Federación de Acopiadores alertamos sobre las graves consecuencias que traerá aparejada la sanción del artículo 83 del proyecto de ley de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación. En él se faculta al Poder Ejecutivo a aplicar derechos de exportación de hasta del 33%.
Hemos aceptado, en silencio, primero la eliminación de los reintegros a las exportaciones, luego el incremento de los derechos de exportación a la soja y la aplicación nuevamente de retenciones al trigo, maíz, economías regionales y a todos los productos exportables; todo ello adhiriendo al compromiso público asumido por el Presidente de la Nación en el sentido de realizar un último y necesario esfuerzo para reducir el déficit fiscal.
Pero no se puede pasar por alto hacer una referencia al inexplicable art. 83 del proyecto de presupuesto nacional referido anteriormente. Manifestamos nuestro más rotundo rechazo a tal iniciativa, ya que su sola mención nos retrotrae a conductas y políticas anti exportadoras que entendimos estaban perimidas, sobre todo cuando creemos estar imbuidos por una verdadera vocación por el cambio y desde el propio Gobierno se ha calificado a los derechos de exportación como pésimos tributos.
Ahora más que nunca nuestro país necesita reglas claras y medidas de políticas consistentes que iluminen el camino de la reconversión productiva con acento en las exportaciones e inversiones eficientes en bienes transables. ¿Acaso se puede pensar en fuertes inversiones cuando de la noche a la mañana el Poder Ejecutivo puede llevar los derechos de exportación al 33% alterando sustancialmente cualquier ecuación económica prevista? ¿Dónde queda la necesaria seguridad jurídica para alentar inversiones?
El proyecto cuestionado constituye un grave obstáculo en ese sentido y por lo tanto en nada contribuye a generar confianza y credibilidad, atributos imprescindibles para desarrollar un programa de crecimiento económico sustentable con equilibrio en los sectores públicos y externos.
Nos preguntamos cómo puede ser que el Gobierno hable de reglas claras, seguridad jurídica, del supermercado del mundo y al mismo tiempo se reserve la potestad de confiscar en un instante un tercio de la facturación bruta de cualquier bien exportable.
Esperamos y confiamos en que los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, rechacen la facultad de aumentar, hasta llevar al 33 %, los derechos de exportación que solicitara el Poder Ejecutivo, evitando el riesgo de la destrucción del aparato productivo de la República Argentina
