El fondo staba compuesto por el 30% de las retenciones a la exportaciónde soja y se goteaba a provincias y municipios para realizar obra pública.
No es la única estrategia contra el decreto de necesidad y urgencia 756/18: los distintos peronismos de Diputados, también con jefes comunales como audiencia, acordaron tratar de frenarlo en la comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo, que puede voltear los DNU presidenciales, que es controlada por el oficialismo.
La agenda de los caciques territoriales comenzó al mediodía en la Cámara baja. Unos 50 asistieron a la reunión de las comisiones de Obras Públicas y de Asuntos Municipales. "Este decreto es un ajuste brutal que va en contra de la sociedad, en contra del federalismo y de la autonomía que creemos que tienen que tener cada uno de los municipios del territorio nacional", reprochó al recibirlos el diputado Eduardo "Bali" Bucca.
En tanto, el presidente de la otra comisión (la de Obras Públicas), Juan José Bahillo, acusó que "el gobierno tiene como prioridad satisfacer las demandas del FMI antes que trabajar en una mirada de un país federal con desarrollo".
Delante de 150 intendentes de 19 provincias, la presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendenta de La Matanza, Verónica Magario, aseguró que "iremos a todos los organismos e instituciones a los que tengamos que ir para evitar que a nuestros ciudadanos les saquen los recursos del Fondo Federal Solidario".
La representante de los intendentes anunció públicamente que "hoy mismo le pediremos una audiencia al presidente Mauricio Macri, para tratar el tema de los recursos del fondo sojero. Le vamos a pedir que no les recorte fondos a los ciudadanos".
Mientras que el jefe de la Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, apuntó que los fondos recortados "se utilizan al 100% en necesidades básicas como obras de agua, cloaca, pavimento, centros de salud y escuelas".
Horas después, en la otra reunión en la Federación Argentina de Municipios (FAM), su presidenta, la matancera Verónica Magario, le puso cifras al recorte: según sus cálculos, las intendencias perderán $35 mil millones de pesos entre este mes y diciembre de 2019. En el detalle provincia por provincia, entre los distritos más afectados figuran Buenos Aires, con $ 7.734 millones; Santa Fe, con $3.147 millones; Córdoba, $3.127 millones; Chaco, $1.757 millones; y Entre Ríos, $1.719 millones.
"La eliminación del Fondo Sojero significa menos hospitales, menos escuelas y menos caminos, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales. Y todo esto es también menos seguridad, porque representa que se pueden destinar menos recursos a patrulleros y vigilancia", reprochó la intendenta peronista, frente a 150 de sus pares de todo el país.
Otro grupo de intendentes bonaerenses se reunieron anteayer con el Defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, para acordar presentar un recurso de amparo común en la Justicia contra el DNU.