Los dirigentes reclamaron que el proyecto sea de "orden público" dado que "es el Estado el único certificador de nuestros granos y subproductos". El pedido es rechazado por la industria.
Con la rubrica de Luciano Miguens y Luis Biolcatti, ex titulares ambos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eduardo Buzzi de la Federación AgrariaArgentina (FAA), Mario Llambías, por parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Carlos Garetto de Coninagro, se metieron en la discusión de la actual Mesa de Enlace donde no existe la misma opinión respecto de la intervención del Estado.
Para ser preciso, la actual conducción de la SRA y Coninagro plantean que la nueva ley no sea de orden público; mientras que CRA y FAA impulsan que la misma se incluya en la iniciativa.
Por otro lado los ex dirigentes rurales subrayaron que los actuales proyectos que pugnan en el Parlamento, están "inspirados por intereses corporativos". Al respecto Buzzi señaló que "es necesario que el productor guarde para uso propio la misma cantidad de semillas que compró en la campaña pasada", pero rechazó que "se multiplique y siembre más". "Eso atenta contra los obtentores", afirmó.
"De esta forma no se cae en el extremo que quisiera Monsanto de que cada año, por la multiplicación de semillas, los productores tengan que pagarles", sostuvo el federado.
También la Bolsa de Cereales de Córdoba se coló en la discusión al recordar que "el costo de dichas investigaciones (semillas) debe ser reconocido entre quienes se benefician con sus resultados".
