Los industriales azucareros -y el mismo Gobierno provincial-, siguen desconcertados. El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, ratificó que bajará el precio del bioetanol, pero rectificó los montos: en vez de reducir el valor en un 15% hasta fines de enero, la baja será del 7,5%.
La Resolución 449-E, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del mismo Aranguren, modifica los precios de adquisición de bioetanol que fueron establecidos a través de la Resolución 415 del 31 de octubre último.
En el texto se especifica que luego del anuncio inicial de la baja del precio del bioetanol, las empresas productoras presentaron información que les permitió advertir a las autoridades de la cartera nacional que los costos no habían sido debidamente contemplados en la resolución original. "De la revisión efectuada se advierte la necesidad de efectuar modificaciones al cálculo de precios", destacó el texto publicado en el Boletín Oficial.
Por ese motivo, Aranguren resolvió que "la variación del precio de adquisición del bioetanol que regirá hasta el último día del mes de enero de 2018 se limitará al 7,5% para el producto elaborado a partir de caña de azúcar". Así, el precio del bioetanol quedará en $ 15,6. Además, se les pedirá más información sobre los costos de elaboración a las empresas, en carácter de declaración jurada.
Los técnicos del Ministerio evaluarán en su momento si será necesario hacer nuevos ajustes en los valores a partir del 1 de febrero, fecha en la que, según la resolción original, el precio debía bajar un 14% más.
Rechazo unánime
Esta decisión, lejos de conformar al sector industrial, generó más desconcierto. De hecho, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Alcoholes, Jorge Rocchia Ferro, expresó ayer su rechazo a la resolución del Ministerio de Energía y Minería.
"No estamos de acuerdo; no es lo conversado", dijo Rocchia Ferro desde Buenos Aires. En diálogo con LA GACETA, el empresario había sugerido que cualquier modificación debería realizarse a partir del 1 de junio de 2018. Sin embargo, Energía y Minería confirmó que la variación ya está vigente.
Por esa razón, Rocchia Ferro adelantó que el sector sucroalcoholero argentino seguirá el plan de lucha. "Usaremos todos los medios posibles para que nuestros derechos estén debidamente protegidos; seguimos creyendo que tenemos la razón y vamos a luchar por eso", señaló el industrial.
El sector sucroalcoholero estaba expectante respecto de la posibilidad de que el Gobierno diera marcha atrás en la decisión de bajar el precio del biocombustible. Sobre todo, después de la reunión que habían mantenido en Buenos Aires el lunes de la semana pasada con el mismo Aranguren. En aquella oportunidad, el ministro les había anticipado que en breve se iba a emitir una resolución correctiva para determinar nuevamente el precio del etanol de caña, en virtud de haber comprobado inconsistencias en las bases que sirvieron para fijar el valor del producto mediante la Resolución 415E/17, emitida la semana anterior al encuentro.
"Esta resolución no nos satisface en absoluto", señaló el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Juan Luis Fernández. Según el funcionario, no se derogó el famoso decreto 415, sino que se optó por modificar la fórmula polinómica que determina el precio del bioetanol. "Ellos descubrieron errores, el famoso ?errorismo' de Estado, en donde si pasa, pasa. Por eso hicieron un recálculo sobre esa formula nueva que incorporaron a la resolución", señaló Fernández.
En este sentido, el funcionario aseguró que el perjuicio sigue, ya que esa baja no fue reducida a cero o bien mantenida tal como esta hasta la finalización de la actual campaña, como se había solicitado. "El efecto más grave que tiene esta medida es el de quitar la famosa y tan mentada seguridad jurídica, porque de un día para el otro se decide modificar una ecuación de la cual depende muchísima gente y grandes inversiones", enfatizó.
Fernández ya había advertido a LA GACETA, que la modificación del precio del bioetanol no genera ahorro fiscal alguno. "Por el contrario, implica una transferencia directa de recursos en beneficio de las empresas petroleras, que siempre resistieron la incorporación de biocombustibles", afirmó. "El ataque a la industria de los biocombustibles es un manifiesto error de política energética. El precio del etanol es vital para el desarrollo, funcionamiento y sostenibilidad de este sistema productivo bioenergético, por lo que esta resolución es una grave amenaza para el presente y futuro de inversiones, empleo, economía regional y desarrollo energético del país", concluyó.
