El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, opinó acerca del fideicomiso de trigo que lanzó el Gobierno nacional para ponerle un freno a la suba de precios del cereal.
"El Gobierno sigue insistiendo en viejas recetas que no dan resultado y una vez más, nos hace pagar a los productores y consumidores", relató Pino en su cuenta de Twitter. A su vez, hizo referencia a los dichos de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias en donde afirmó que la "Argentina debería exportar más".
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En ese sentido, el titular de la Sociedad Rural aseguró que la propuesta de fideicomiso "atenta contra ese objetivo" y, a dos meses de empezar una nueva campaña de trigo, "lo único que genera es incertidumbre".
Para Pino, la problemática de la suba de precios en los alimentos es la inflación, y la medida optada por el Gobierno "atacan contra la oferta de materias primas acentuado la suba de precios".
Hace 2 días el presidente dijo que la Argentina debería exportar más. Esta propuesta de fideicomiso atenta contra ese objetivo y, a dos meses de empezar una nueva campaña de trigo, lo único que genera es incertidumbre.
— Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) March 3, 2022
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Las retenciones son "inconstitucionales"
La entidad presidida por Nicolás Pino, junto con la Sociedad Rural de Jesús María, presentó días atrás un amparo contra las retenciones a las exportaciones bajo el argumento que no hay una ley que establezca el cobro de ese tributo.
En diálogo con Agrolink Radio, Pino afirmó que no tuvo respuestas por parte del Poder Ejecutivo tras el reclamo realizado en Armstrong del 8 de enero pasado, para que derogue las retenciones. Además, acompañaron proyectos de diputados en línea con el mismo objetivo.
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Algunos de los ítems de la presentación de la medida judicial se basan en que la ley de emergencia venció el 31 de diciembre de 2021; el plazo especifico fijado en dicha norma para imponer retenciones venció en esa misma fecha, razón por la cual no pueden ir más allá. Y que la ley del Presupuesto 2022 que prorrogaba esas facultades no fue aprobada por el Congreso.
A su vez, incluyeron dentro del amparo que el Congreso dio por finalizadas en 2010 todas las prórrogas de antiguas delegaciones en el Poder Ejecutivo, como la que contenía el Código Aduanero y que, por muchos, incluso luego de la reforma constitucional de 1994, fueron utilizadas como base legal para justificar las retenciones omitiendo su imprescindible sustento legal.
