"Como legisladores estábamos en deuda con lo bonaerenses debido a que, hasta el momento, no existía en nuestra provincia una legislación que regule los feedlot y establezca las normas a las que se deberían ajustar quienes emprendan actividades de este tipo”, explicó Lissalde.
Apuntó que "la ley apunta a la protección de la salud humana, a la preservación del ambiente, de los recursos naturales y el resguardo de la calidad de los alimentos y materias primas de origen bovino”.
La norma establece que la habilitación de los establecimientos tendrá lugar una vez obtenidos los certificados de Radicación y de Aptitud Ambiental, el primero expedido por el Municipio del lugar; el segundo, por la Autoridad Ambiental competente.
Asimismo, se creará una Autoridad de Aplicación que tenga la función de controlar, fiscalizar y establecer la reglamentación.
Además, con el fin de incentivar la actividad, la Ley sancionada crea el Fondo para la Promoción de las Producciones de Ganado Bovino, se establecen las tasas y las sanciones a aplicar frente a infracciones.
Los emprendimientos de este tipo que se encuentren funcionando con anterioridad a la sanción de la ley tendrán un plazo de un año para adecuarse a las exigencias y obligaciones establecidas.
Este plazo responde a un criterio lógico y prudencial a los efectos de minimizar al máximo el costo económico que pudiera infligir dicha adecuación.
Lissalde se mostró complacido por el apoyo a la ley, a la vez que mencionó que trabaja para su aprobación desde el año 2008, cuando impulsó la iniciativa desde su banca en el Senado.
“Con los años el proyecto se enriqueció para convertirse en un gran aporte para la economía provincial en el marco del respeto por la salud y el medio ambiente”, finalizó el legislador.
