Las reformas introducidas por el actual Gobierno en materia de agroindustria han permitido que el campo comience a expresar su potencial productivo. La producción de granos se incrementó en unas 10 millones de toneladas al tiempo que se está retomando la senda exportadora en materia de carnes junto con medidas de apoyo a la lechería y a las economías regionales. Sin embargo, aun queda mucho por hacer en una agenda que comprende temas de corto y largo plazo para liberar totalmente el potencial productivo agroindustrial del país.
No podemos pretender ser el supermercado del mundo sino no aggiornamos nuestros estándares al tiempo de generar bases competitivas de largo plazo. Entre los principales desafíos para el 2017 podemos nombrar:
Ley de semillas: Hay consenso en la necesidad de una ley que retribuya la propiedad intelectual sobre el germoplasma y la biotecnología pero no hay un acuerdo final. El resultado es que cada vez hay menos semilleros ya que no pueden afrontar los gastos de investigación y desarrollo porque los niveles de informalidad argentinos superan por lejos no solo a los países desarrollados sino también a los de nuestros vecinos del Mercosur.
Ley de arrendamiento: Hay que salir del contrato accidental que contribuyó a la sojización de la agricultura y pasar a un contrato mínimo de tres años que permita una adecuada rotación de cultivos, cuidado del suelo, combate a las malezas resistentes y mayor uso de tecnología. Un adecuado cuidado del medio ambiente a largo plazo se choca con los contratos actuales de un año.
Controles de importación: No podemos hablar de sustentabilidad de nuestra producción ni de trazabilidad de nuestros alimentos cuando no se controlan de manera sistemática e integral los herbicidas y otros fitosanitarios que se importan y distribuyen en el país. No existen controles adecuados en materia de calidad, residuos, toxicidad, principios activos y origen de fuente de los productos importados. Los niveles de control locales son una mera fracción de los llevados a cabo en países desarrollados así como los realizados por Brasil y Uruguay.
Reforma tributaria: Es necesario simplificar la madeja fiscal argentina y eliminar los impuestos distorsivos que agobian la producción local. Para mejorar la competitividad local hay que desterrar una serie de impuestos abusivos como ingresos brutos, retenciones a las exportaciones, tasas municipales sobre las ventas, a las transacciones bancarias, a los combustibles, al trabajo, etcétera. Este es un tema complicado porque no se puede desfinanciar el gasto público pero los partidos políticos deberían acordar una hoja de ruta a cinco años hacia un sistema tributario más sustentable, justo y equitativo para bajar una presión impositiva asfixiante.
Reforma del gasto público: Pagamos impuestos como en el primer mundo pero tenemos los servicios del tercer mundo. En particular, la salud y la educación pasan por uno de sus peores momentos y nos llevan a hipotecar el futuro de las generaciones más jóvenes. Hay que eliminar el gasto ineficiente y generar fondos para la inversión social que nos permitan proteger a las franjas más vulnerables de la población en materia de alimentación, educación y salud para formar generaciones de técnicos y profesionales que hacen falta cubrir las necesidades de talento no solo del sector agroindustrial sino de toda la economía argentina.
Plan de infraestructura: El gobierno ha pincelado varias iniciativas en la materia y se espera que a lo largo de los próximos años se mejoren los costos y aumente la calidad de vida de los argentinos. Ferrocarriles, puertos, rutas, comunicaciones, energía, viviendas, agua y cloacas, etcétera, están en la lista de prioridades pero hay que acelerar los tiempos para que los frutos de estas inversiones se hagan palpables más rápidamente.
Luego de años de abandono no podemos pretender que todo suceda en unos meses pero es necesario dar pasos firmes hacia la equidad, el progreso y la excelencia productiva para que la esperanza se vuelva realidad y no se transforme en decepción.
