La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, u OECD por sus siglas en inglés) es un organismo multilateral que nuclea a los países con las economías más desarrolladas del mundo, que en su conjunto representan el 70% del producto mundial y participan del 65% del comercio internacional (según datos de la propia organización y del Banco Mundial). Nacida en 1960, como sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Económica que surgió como resultado del Plan Marshall (que contribuyó a la reconstrucción europea luego de la Segunda Guerra Mundial), tiene como objetivo la promoción de políticas que mejoren el bienestar social y económico de las personas alrededor del mundo. La institución provee un foro en donde los representantes de los diferentes gobiernos pueden trabajar en conjunto compartiendo experiencias y buscando soluciones para los problemas que les son comunes.
Según el propio organismo, la OCDE pone su énfasis en determinar cuáles son los factores que inducen el cambio económico, social y ambiental para fijar estándares internacionales. A partir del desarrollo de estadísticas e informes sobre la situación de los países miembros y de otros fuera de la organización, y de los debates que se realizan en sus diversos comités, asesora a los gobiernos para mejorar sus políticas públicas con la intención de fomentar la prosperidad y luchar contra la pobreza mediante el crecimiento económico y la estabilidad financiera.
En la actualidad, la organización se centra en ayudar a los gobiernos a restaurar la confianza en los mercados y en las instituciones que los hacen funcionar, en restablecer el orden de las finanzas públicas como base para el crecimiento sostenible, en incentivar nuevas formas de crecimiento a través de la innovación, estrategias amigables con el medio ambiente y el desarrollo de economías emergentes; y asegurar que las personas de todas las edades puedan desarrollar las habilidades necesarias para desempeñarse de la mejor manera en los trabajos del futuro.
Conformada en sus orígenes por 20 miembros, a lo largo de sus 57 años de historia ha incorporado sólo 15 naciones, para dar con los 35 países que forman parte actualmente de esta organización en calidad de miembros plenos. Estos países son: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Noruega, Turquía, España, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Grecia, Suecia, Suiza, Austria, Holanda, Luxemburgo, Italia, Japón, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, Hungría, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, Chile, Eslovenia, Israel, Estonia y Letonia. Tres países más (Colombia, Costa Rica y Lituania) han sido invitados formalmente a convertirse en miembros de la organización y actualmente están en proceso de adhesión. Además de los miembros plenos, existen otras categorías. Por ejemplo, como adherentes figuran Colombia y Costa Rica, mientras que Brasil es considerado socio clave. Perú, en tanto, integra el Programa País. Por su parte, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay integran el Centro de Desarrollo de la entidad.
Los países que integran la OCDE se destacan por estar regidos bajo sistemas de gobierno democráticos, siendo la calidad institucional y la forma en que se llevan a cabo las políticas públicas las principales exigencias requeridas para poder aspirar a formar parte de este selecto grupo.
Desde el cambio de gobierno, la Argentina ha manifestado sus intenciones de sumarse a esta organización en condición de miembro. Cabe mencionar que nuestro país mantiene una larga relación con la OCDE, cuyo comienzo se remonta a inicio de la década de los 90. Fue uno de los primeros países de América Latina en adherirse a la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y a la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. Es miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE y del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información. La cooperación con la OCDE también incluye participación en órganos oficiales y/o la adherencia a instrumentos legales en áreas como desarrollo, ciencia y tecnología, químicos, gobierno corporativo, transporte, asuntos fiscales y transparencia e intercambio de información.
Otro ejemplo destacado es la participación del país en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) y que se ha instalado como una estándar de medición de la calidad educativa y cuyos resultados son comparables internacionalmente.
En abril de este año, El Gobierno de la República Argentina presentó formalmente ante el Consejo de Embajadores de la organización el “Plan de Acción Argentina & OCDE 2016-2017” con el objetivo de reafirmar la voluntad del país de acceder a la misma en carácter de miembro participante. Este plan es un documento que se desarrolló en forma colaborativa junto con el Secretariado General de la OCDE y los 35 países miembros. Está compuesto por un conjunto de 16 políticas públicas organizadas en tres ejes de trabajo: incrementar la presencia en los Comités Técnicos de la OCDE, adoptar los instrumentos clave del organismo y desarrollar distintos estudios técnicos sobre políticas públicas prioritarias. Además, el documento proporciona los medios para incrementar el fuerte compromiso de Argentina con el G20 en víspera a su próxima Presidencia en 2018.
La presentación formal del trabajo que viene realizando el país ante el Consejo de Embajadores de la OCDE se suma a las iniciativas del Estado Nacional para alcanzar un nuevo status ante esta organización. Entre ellas, se destacan dos cartas enviadas al Secretario General del organismo, Ángel Gurría, en mayo de 2016 y febrero último que reafirmaban el compromiso de la Argentina con la entidad.
En el marco de este acercamiento entre el gobierno y la organización, en julio pasado se presentó el primer Estudio Económico Multidimensional de la Argentina, el primero que se realiza para un país no miembro o que no se encuentre en proceso de acceso, en el que se analizan las reformas realizadas por la gestión actual y se establecen recomendaciones para elevar el nivel de vida y el bienestar de la población. Se analiza la forma en que la estabilidad macroeconómica y nuevas reformas estructurales pueden generar resultados positivos en la próxima década, buscando aumentar la productividad y desarrollar estrategias para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible.
A partir del análisis de la situación del país, se plantean tres desafíos para mejor el desempeño económico y el bienestar de las personas, relacionados con diferentes aspectos de la economía, para los que se brindan una serie de recomendaciones particulares para cada uno de ellos.
El primer desafío corresponde a la necesidad de un contexto estable a partir de una macroeconomía sólida y sostenible. Respecto a esto, el informe expone temáticas diversas como reducción de la inflación, nivel del gasto público y de los impuestos, sistema tributario, etc. Para este caso, las recomendaciones incluyen reforzar la independencia del Banco Central y la priorización del objetivo de preservar el valor de la moneda, cumplir con las metas fiscales planeadas, eliminar gradualmente los subsidios a la energía, racionalizar el empleo público y el gasto de las empresas públicas, eliminar el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto al cheque, y realizar una reforma tributaria que contemple una mayor progresividad en las contribuciones sociales y en el impuesto a las ganancias. El segundo desafío que se menciona plantea como mejorar la productividad y las condiciones de vida. El análisis remarca los bajos niveles de inversión, las trabas y las complejas regulaciones para poder desarrollar la actividad empresarial, la falta de empresas jóvenes y la escasa inserción en la economía global en términos de comercio internacional. Para mejorar esta situación se recomienda la simplificación de los procesos administrativos para crear una empresa, reducir las trabas a la importación, lograr la protección de los trabajadores a partir de seguros de desempleo y programas de capacitación en lugar de las estrictas regulaciones laborales, y el desarrollo de un sistema de educación vocacional.
El último de los desafíos hace referencia a la reducción de las desigualdades, tanto económicas como de género, para lo que se propone políticas en pensiones y transferencias, generar programas de apoyo para estudiantes en riesgo de no finalizar sus estudios, expandir la educación en la primera infancia completándola con flexibilizaciones de los horarios laborales y extensión de licencias por paternidad, y reducir temporariamente las contribuciones de los trabajadores de bajos ingresos que se incorporen al sector formal.
El ingreso a esta organización se da mediante invitación y con el acuerdo de los 35 países miembros, no solo respecto a un país sino a un grupo de países, ya que las incorporaciones no se hacen de manera individual sino por grupos de países. En diciembre de 2016 se decidió abrir un nuevo proceso de acceso para el cual Argentina ya presentó su candidatura, que cuenta con el apoyo de la totalidad de los miembros de la organización. En el grupo también se encuentran Perú, Brasil, Rumania, Croacia y Bulgaria.
Este proceso para poder convertirse en miembro consume un considerable lapso de tiempo. A partir de un análisis de los procesos de acceso previos, el período entre la declaración de interés y la invitación a ingresar en el proceso de acceso ha tomado entre 3 y 10 años, y que una vez extendida la invitación, los tiempos para el ingreso varían entre 3 y 6 años. Durante este período Argentina deberá cumplir con diversos objetivos, entre los que se puede requerir la adecuación de varias de sus políticas a las formas que predominan dentro del colectivo al que desea pertenecer.
Si bien el ingreso como miembro a esta organización no implica ventajas en términos de la posibilidad de acceder a financiamiento o fondos para la cooperación técnica, como se da en el caso de otros organismos internacionales, existen diversos beneficios que nuestro país puede obtener a partir de este hecho. En primer lugar puede mencionarse el prestigio que implica la membresía en esta entidad, reconocida por la promoción de las buenas prácticas en políticas públicas, la defensa de los regímenes democráticos y los derechos humanos. Este reconocimiento internacional, que permite incrementar la credibilidad en las instituciones locales, puede transformarse en una atracción para la inversión extranjera, una suerte de sello de calidad que garantiza la forma en que el país se inserta en el orden global. Según datos de la misma organización, el 75% de la inversión extranjera directa es realizada por los países miembros, esto ampliaría las posibilidades de desarrollo para nuestro país. El ingreso de Argentina representaría una garantía adicional para asegurar las inversiones de largo plazo. Además, este acercamiento al mundo y a la gobernanza global permite progresar en acuerdos que posibiliten la expansión de los mercados para el desarrollo de las exportaciones e incrementar el turismo.
Otro de los aspectos importantes tiene que ver con la participación en las decisiones respecto a las políticas de orden global. La interacción constante con los gobiernos de las economías más importantes del mundo y el intercambio de experiencias es uno de los beneficios que se pueden destacar ya que permite buscar soluciones a los problemas locales a partir de datos de los países que muestran los mejores desempeños.
El ingreso a la OCDE representa una política de Estado que va más allá del período de gestión de un gobierno, por lo que puede ser comprendido como una señal de que las reformas comprendidas en el proceso de acceso serán estructurales y mantenidas a largo plazo, una garantía para los inversores interesados en desarrollar sus actividades en nuestro país.
