Decenas de miles de hectáreas productivas puntanas pasarán a ser terrenos baldíos cuando entre en vigencia la “Ley de Distancias Mínimas para aplicación de Glifosato, Herbicidas Equiparables y/o Agroquímicos en todo Tipo de Cultivos Productivos”.
El proyecto elaborado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y validado por el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción de San Luis, Cristian Moleker, ya arranca mal desde el título: bastaba con poner solamente “agroquímicos” sin mencionar ningún a producto en particular y menos aún a un concepto tan difuso como “herbicidas equiparables”.
La “Ley de Distancias Mínimas”, sancionada el pasado 30 de noviembre por la Cámara de Diputados puntana, establece la prohibición de aplicar agroquímicos “en zonas ubicadas a una distancia menor de 1500 metros del límite de los centros urbanos o desde la última línea de edificación de centros poblados o espacios públicos definidos por los municipios”. También determina una zona exclusión de 300 metros “de toda casa o recinto habitado y ubicado en áreas rurales”.
Entre las sanciones determinadas por incumplimiento figuran multas por un monto de entre 10% a 50% “del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción”, incautación definitiva de vehículos utilizados e inhabilitación para “gestionar trámites administrativos a los fines de transportar y/o vender el producto cosechado en el inmueble en el que se haya cometido la infracción sin que ello afecte la exigibilidad del cumplimiento de obligaciones fiscales”. También se indica que “las sanciones “podrán aplicarse en forma simultánea”.
Es decir: las sanciones podrían estar orientadas a obligar a los productores agrícolas o propietarios –en el caso de campos arrendados– a desprenderse de tierra productiva a precios muy inferiores a los de mercado.
La norma –que entrará en vigencia efectiva cuando sea reglamentada por el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción– también dispone que “toda persona que resultare afectada directa o indirectamente” (sic) por las aplicaciones de fitosanitarios no contempladas en la nueva norma “será considerada particular damnificado” pudiendo reclamar el 5% del total de la multa aplicada (atención caranchos: con esto se habilita una fenomenal industria del juicio en la provincia).
Alberto Rodríguez Saá –que tiene el control política del Poder Legislativo puntano– se ocupó de promover el proyecto con tanta rapidez como sigilo, de manera tal que, cuando los integrantes del sector agropecuario provincial se enteraron del mismo, ya estaba todo cocinado.
El proyecto oficial ingresó al Senado puntano el 11 de noviembre para obtener despacho favorable de la Comisión de Salud, Trabajo y Seguridad Social el 15 de noviembre (insólitamente no intervino la Comisión de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería). Fue aprobado por el Senado sobre tablas el 29 de noviembre y (en tiempo récord) logró ser sancionado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre.
El debate –si se puede denominar así– realizado en el Senado antes de sancionar el proyecto fue extremadamente breve. La senadora Amelia Mabel Reyes defendió la iniciativa al considerar que contribuirá a “revertir el proceso de desertificación y desforestación que existe en el territorio provincial y en todo el territorio nacional (sic) producido por el modelo agrícola imperante en el cual la utilización de la soja, manipulada genéticamente, adquiere total relevancia”.
Reyes además aseguró –entre otras burradas– que los herbicidas “impiden el crecimiento de plantaciones distintas de los transgénicos, que podrían absorber el agua en ausencia de los árboles de bosques nativos a los que se taló”. También afirmó que “la expansión del monocultivo de soja implica un corrimiento de las fronteras agrícolas tradicionales, siendo al mismo tiempo causa y efecto de ello (sic), lo cual genera que se incremente el desmonte de bosques nativos, logrando así la degradación de los suelos y provocando desequilibrios en el sistema de absorción de agua, entre otras consecuencias”.
Siete de los ocho senadores presentes votaron a favor del proyecto de Rodríguez Saa. Solamente se opuso la senadora Dominga Estela Torres, quien recordó a los presentes que el libre uso de su tierra “es el único recurso que tienen (los productores) para poder pagar sus deudas y sus gastos”.
Ayer martes integrantes de diferentes asociaciones agropecuarias puntanas y regionales se manifestaron frente a la sede de la gobernación de San Luis para solicitar que se revea la norma (ver foto). La semana pasada el colegio local de agrónomos (Ciapa) había presentado una queja formal porque para la confección del proyecto no fue convocada la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (integrada por INTA, Senasa, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, asociaciones rurales y Ciafa).
